Entre las peticiones realizadas se encuentra la firma de un convenio marco entre el Gobierno y CERMI Cantabria para generar instrumentos de colaboración y trabajo que favorezcan el desarrollo de acciones que afectan a la discapacidad. Así mismo, solicita que se inicie la tramitación del Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con amplia participación del sector y que deberá dotarse con las partidas económicas específicas y necesarias para ser una ley efectiva.

 

También se ha trasladado la preocupación por la normativa de acreditación de los centros que prestan apoyo a personas con discapacidad y por la actualización de los precios públicos de sus plazas concertadas, que tras los recortes decretados en el año 2012, aún no han recuperado, ni tan siquiera, sus valores de entonces, haciendo peligrar la sostenibilidad de las entidades de iniciativa social. 

 

A esto se suma una nueva incertidumbre e inquietud de cara al mantenimiento de numerosos programas desarrollados desde las entidades en los que prestan apoyos muy directos a personas con discapacidad y familias de nuestra región, debido al nuevo sistema de gestión de fondos recaudados para fines sociales a través del IRPF, lo que conocemos como la “X Solidaria”.

 

Desde este año pasan a ser gestionados en su mayoría por las Comunidades Autónomas y se ha reclamado la publicación urgente de su regulación y tramitación para que las entidades cuenten desde enero con los ingresos, -que ya venían percibiendo en años anteriores desde la Administración Central-. Igualmente, CERMI Cantabria ha hecho una llamada para que esta nueva partida procedente del Estado se sume a las ya existentes con finalidad social en la Comunidad Autónoma, y que estas no se reduzcan.

 

También se ha planteado la necesidad de garantizar partidas suficientes para avanzar en políticas para la inclusión educativa, el empleo de personas con discapacidad o el acceso a la justicia; y recuperar partidas desaparecidas en los últimos ejercicios para mejorar las infraestructuras y equipamiento de los centros, desarrollar actividades para el alumnado con discapacidad en periodos vacacionales o para la promoción de la salud.